Los partidos de oposición Centro Democrático y Cambio Radical radicaron un proyecto de acto legislativo que busca modificar varios artículos transitorios de la Constitución Política relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La iniciativa, presentada por la senadora Paloma Valencia y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, tiene como objetivo principal endurecer las condiciones para acceder a los beneficios de la JEP y establecer mayores controles judiciales sobre sus decisiones.

El proyecto de ley se centra en limitar las competencias de la JEP, reforzar las garantías judiciales para los comparecientes y, notablemente, busca darle un tratamiento diferenciado a los miembros de la Fuerza Pública.

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Modificaciones clave propuestas a la JEP

El acto legislativo introduce cambios sustanciales en el funcionamiento del componente de justicia transicional:

Restricción al alcance: se busca que la JEP no pueda investigar, juzgar, ni adelantar medidas cautelares relacionadas directa o indirectamente con casos de paramilitares que estén sujetos a los tribunales de Justicia y Paz.

Verdad Plena Obligatoria: se refuerza la definición de "verdad plena", obligando a los comparecientes a relatar de manera exhaustiva y detallada las conductas y circunstancias de su comisión. Además, se establece que si un compareciente aporta información falsa de manera dolosa (a solicitud de las víctimas o la Procuraduría), perderá el tratamiento especial de justicia mediante un procedimiento célere.

Precisión en el conteo de víctimas: la JEP tendrá la obligación de fundamentar todas sus decisiones y cifras con base en el acervo probatorio acreditado, y no podrá aproximar ni promediar números de víctimas o hechos basándose en informes.

Garantías Judiciales: en los procedimientos adversariales (donde no hay reconocimiento de responsabilidad), la JEP deberá respetar las garantías consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial la presunción de inocencia, doble instancia y doble conformidad.

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Cambios en el régimen para la Fuerza Pública

El proyecto introduce dos nuevos artículos transitorios y modifica el régimen de sanciones para los miembros de la Fuerza Pública:

Revisión de sentencias: Se crea un nuevo mecanismo que permitiría a la Justicia Penal Militar revisar las sentencias condenatorias emitidas por la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz contra miembros de la Fuerza Pública que no acepten responsabilidad. Estas sentencias también podrían ser objeto de un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Concepto de la justicia Penal Militar: la Justicia Penal Militar deberá emitir un concepto no vinculante en las investigaciones de la JEP que involucren a miembros de la Fuerza Pública.

Sanciones y reclusión: Las sanciones que impliquen privación efectiva de la libertad para miembros de la Fuerza Pública se cumplirán en los establecimientos previstos en su régimen penitenciario y carcelario por un término máximo de 5 años, tras lo cual aplicaría el tratamiento restaurativo.

La tutela contra la JEP

El proyecto también busca ampliar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de la JEP. La tutela procedería por "manifiesta vía de hecho" o cuando la afectación del derecho fundamental sea una consecuencia directa de la parte resolutiva.

Además, se cambiaría la competencia: la tutela en primera instancia sería decidida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, y la segunda instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y no por la Sala Plena de la Corte Constitucional, como ocurre actualmente.

Este es el documento completo.

Proyecto de ley busca modificar artículos transitorios de la Constitución Política relacionados con la JEP by Zona Cero